Para debatir en red: Propuesta para la democratización de las comunicaciones y el uso de las tecnologías

16 enero, 2012 en 4:51 PM | Publicado en Sin categoría | 8 comentarios
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Queremos invitar a debatir en nuestra propuesta para la democratización de las comunicaciones y el uso de las tecnologías bajo los principios de transparencia y participación que mueven la democracia en red.

 

Esta propuesta de lineamientos estratégicos para Políticas de  Tecnologías de Información y Comunicación se orienta por tres objetivos:

 

1 – La necesidad de que la política comunicacional del Estado y de un nuevo gobierno en funciones de Estado, tendría que orientarse a garantizar el más amplio y libre acceso a las posibilidades que hoy por hoy se abren en materia de comunicaciones digitales.

No nos referimos sólo a crear y fortalecer las políticas públicas en el uso de los medios y servicios digitales en manos del Estado y en los servicios de soporte para garantizar el acceso universal y a bajo costo de las comunicaciones digitales (teléfono, cable, etc.), sino también de promover dinámicas de gestión pública que le den un verdadero sentido público al llamado E-Gobierno.

2 – Fomentar un uso universal no-ideológico de las TIC tanto a nivel público como privado, principalmente en los sectores de Ciencia, Educación y Economía, para hacer de Venezuela una sociedad de la información, el conocimiento y la lectura.

 3 – El aseguramiento jurídico (como ya es el caso en Chile, Holanda y próximamente en Costa Rica) de la neutralidad de la red y de su libertad de contenidos sin censuras previas conforme lo establece la Constitución, a fin de acelerar la conversión del país en sociedad de la información y del conocimiento hoy detenida.

 4 – El desarrollo de políticas para potenciar el acceso internet en el país se ha estancado, a pesar de las cifras de crecimiento. Poca competencia, pocos proyectos de acercar a la ciudadanía en general al desarrollo y la burocracia, han frenado el impulso de una herramienta vital para el desarrollo del país y de sus habitantes. Las conexiones son lentas, por falta de inversión en los dos sectores, el privado por temor  y el público por desviación de fondos para otras “prioridades”.

Veamos entonces:

 

I -La comunicación como derecho: el acceso a internet

Como consecuencia de la preeminencia que han cobrado las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la sociedad globalizada, la progresiva ampliación del acceso a Internet es una tendencia observable a escala internacional. En términos absolutos,[1] durante la primera década del Siglo XXI  la población global con acceso a la red se ha multiplicado por un factor cercano a  6 y hoy cerca de la tercera parte de la humanidad tiene acceso a ella.

En Venezuela, durante ese mismo lapso, la penetración a Internet pasó de un 3,38  a un 36,57 por ciento. Las conexiones, sin embargo, si bien se han multiplicado, no se han cualificado ni democratizado. La velocidad promedio de conexión nacional (bajada) es menor a un megabit por segundo (1Mbps)[2] y los índices de penetración no están equitativamente distribuidos entre la población. Mientras que el estado Miranda ostenta un 79,10%, Apure apenas si sobrepasa el 13%  (Conatel, 2011). [3]

De acuerdo con el  índice TIC de desarrollo (ICT Development Index, IDI) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que mide el nivel de penetración y apropiación de las TIC, Venezuela perdió, entre 2008 y 2010, cinco puestos en el ranking mundial (entre 152 países, del lugar 61 pasó al 65).[4]

A pesar de que aproximadamente 25 empresas prestan el servicio de Internet, la empresa CANTV, nacionalizada en el año 2007, acapara más del 90 por ciento del mercado. En una situación anómala, el Estado es el prestador dominante del servicio y a la vez su regulador a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), un ente cuya tutela ha sido conferida discrecionalmente, mediante decretos presidenciales, a diversos  ministerios y finalmente a la Vicepresidencia de la República.

En mayo del año 2000, el Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  y considerando que “la red mundial denominada Internet, representa en la actualidad y en los años por venir, un medio para la interrelación con el resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas” y previendo “ el impacto positivo que tienen las tecnologías de información, incluyendo el uso de Internet, en el progreso social y económico del país, en la generación de conocimientos, en el incremento de la eficiencia empresarial, en la calidad de los servicios públicos y en la transparencia de los procesos” promulgó el Decreto 825 que declara “ el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela” (Artículo 1).[5]

En diciembre del año 2010 con la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Artículo 5) se modificaron los criterios establecidos en el año 2000 cuando ésta fue promulgada.  La explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones dejaron de ser de interés general y pasaron a ser considerados de interés público, vale decir, susceptibles de ser monopolizados por el Estado.

En junio de este año el Consejo de DDHH de la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Su uso, afirmó el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libre opinión y expresión Frank La Rue, debe ser una prioridad para los Estados, pues éste no sólo permite a los individuos ejercer su derecho a la libre opinión y expresión, sino también otros derechos humanos.

El carácter distribuido, de libre acceso a la información y de intercambio horizontal que configura Internet ha generado la posibilidad de crear medios que expresen voces alternativas a las impuestas por los medios de comunicación tradicionales, sometidas en muchas ocasiones a las agendas impuestas tanto por los gobiernos como por los grupos económicos predominantes. El acceso a Internet es un recurso estratégico para la organización y la participación ciudadana en las democracias contemporáneas. Una democratización genuina de las comunicaciones pasa por la democratización del acceso, uso y apropiación de Internet desde una perspectiva de desarrollo. A ese efecto, es necesario priorizar la formación de los usuarios para el ejercicio de la ciudadanía.

Avanzar en esa dirección, sin duda, supone varios desafíos. En una sociedad tecnológica la defensa del derecho a la comunicación y  la participación confronta nuevos retos. La expansión del entorno digital está generando nuevos problemas vinculados con la inequidad social. Entre ellos resaltan dos, por lo que implican en términos de acceso a los servicios, a los contenidos, aplicaciones, dispositivos y a las capacidades de uso y apropiación: la neutralidad de la red y el acceso universal a los servicios de banda ancha (fija y móvil).

En la Sociedad de la Información la desconexión ya no tiene solamente que ver con la presión del gobierno sobre los ciudadanos, como sucede en países como China, Irán o Cuba, sino también con nuevas formas de discriminación (no otra cosa es la brecha digital), que ahora son más dinámicas y complejas y están directamente relacionadas con la preservación de una red neutral, esto es: la garantía de igualdad en el acceso al contenido, sin importar su contenido, el servicio se use para gestionar los datos o el dispositivo que haga la petición, el acceso universal al servicio de banda ancha, y la formación de los usuarios.

Según el Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA)[6], en marzo de 2011 en América Latina el costo promedio del servicio de banda ancha fija fue de 72,8 US$ por Mbps, en contraposición a los 5,9 dólares de los países de la OCDE[7]. En Venezuela el costo promedio mensual de una conexión de banda ancha fija, de 1,024 Mbps de bajada y 512 Mbps de subida, es de aproximadamente 50 US$ mensuales, lo que representa casi el 14% del salario mínimo.

En Julio del año 2010 Chile se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar un proyecto de ley que garantiza la neutralidad de la red. En Perú se discute la necesidad de un decreto que declare de necesidad pública e interés nacional el servicio de banda ancha;  en junio de este año se introdujo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de reforma del artículo 29 de la constitución política para que se reconozca el derecho a la comunicación y el derecho de acceso en banda ancha garantizado por el Estado.

Aunque las propuestas de fondo sobre estos dos temas se relacionen más con la instancia legislativa que con la ejecutiva, con base en el rescate de la plena vigencia del Decreto 825 es posible hacer propuestas que atiendan los problemas señalados, fin de insertar ventajosamente  al país en la Sociedad de la Información en términos de la formación de sus ciudadanos.

Presentado este diagnóstico, se propone como conjunto de políticas:

 

1-Durante los primeros cien días se desarrollará un intenso proceso de EVALUACIÓN al final del cual se habrá:

-Reformado el Decreto 6.649 para excluir a Internet de la lista de gastos suntuarios o superfluos en el sector público nacional.

-Promovido la participación de profesionales de todos los sectores relacionados con las telecomunicaciones en todos los niveles de gobierno para la evaluación, diseño y desarrollo de estrategias que faciliten la ampliación del uso de las TIC.

-Nombrado un Consejo Directivo de CONATEL compuesto por un (1) representante del Ejecutivo, que lo presidirá, uno (1) del Legislativo, uno (1) del gremio empresarial de las telecomunicaciones, uno (1) de la academia y uno (1) de una ONG vinculada con el sector. Se procurará que el perfil personal y profesional de todos los miembros del Directorio asegure un amplio conocimiento de las materias competencia del órgano regulador, independencia de criterio, eficiencia, y equilibrio en la toma de decisiones.

-Hecho contraloría de los Fondos de Responsabilidad Social y de Servicio Universal administrados por CONATEL.

-Compilado y divulgado las estadísticas correspondientes al número de medios comunitarios habilitados y solicitudes de habilitación en estudio.

-Evaluado la situación del Satélite Simón Bolívar y divulgado ampliamente sus resultados.

-Evaluado exhaustivamente los programas dirigidos a la ampliación del acceso a Internet, especialmente el proyecto Infocentros, y divulgado ampliamente sus resultados.

-Evaluado los servicios que presta la Red Académica Nacional (Reacciun) y divulgado ampliamente sus resultados.

-Evaluado el Proyecto Canaima Educativo y divulgado ampliamente sus resultados

-Evaluado los contratos y convenios con los diferentes proveedores de tecnologías y divulgado ampliamente sus resultados.

 

2-Durante el primer año (ejecución) se habrá:

-Incrementado las posibilidades de competencia entre los prestadores de servicios.

-Diseñado un esquema diferenciado de tarifas, concertado con el sector privado, que se corresponda con las necesidades de los diferentes sectores de la población. En este sentido creemos que si se aplica el “impuesto cero” a la tecnología primaria hasta cierto monto, como lo está haciendo Colombia, eso impulsaría el uso de las computadoras en el hogar, pues una de las trabas es el costo del equipo.

-Declarado como prioritaria la incorporación de las TIC, basadas en software libre, en los programas de educación básica, diversificada y profesional, como un eje transversal.

-Mantenido operativas las conexiones y dotado de banda ancha a todas las instituciones educativas que hayan funcionado como centros electorales.

-Dotado de servicio de banda ancha a todas las sedes de la red de bibliotecas públicas.

-Elaborado un inventario de “experiencias” exitosas de promoción del uso estratégico de las TIC en las áreas de educación, salud, administración pública, ONG y PyMES, con posibilidades de ser replicadas con apoyo del Estado.

-Elaborado un plan especial dirigido a atender de manera diferenciada las necesidades de formación estratégica en el uso de las TIC, con énfasis en educación, salud, administración pública, ONG y PyMES.

-Formado a un grupo de maestro/as que fungirá como equipo multiplicador. A tal efecto, se seleccionarán, mediante concurso, cinco (5) maestro/as por cada estado para ser capacitados de acuerdo con los  estándares de competencias en TIC para docentes definidos por la UNESCO.

3-Los resultados generales que se deberán alcanzar al final del gobierno:

-Condiciones normativas que incentiven la inversión en el desarrollo de una infraestructura que garantice acceso, servicios de calidad y asequibilidad a la mayoría de la población.

-Esquemas de financiamiento y sostenibilidad que procuren el desarrollo de proyectos de desarrollo estratégico del sector, con énfasis en las áreas de educación, salud, gobierno electrónico, ONG y PyMES.

-Ampliación de la cobertura y de los servicios de telecomunicación para toda la población, sin exclusiones de edad, sexo, género, regiones o nivel socioeconómico.

-Penetración del 60 % con una velocidad mínima de 1Mbps. sin diferencias territoriales.

-Conectividad en 60% de las escuelas nacionales con una velocidad mínima de 1Mbps.

-60 % de los maestros alfabetizados en el uso de las TIC.

-60 % de las alcaldías, gobernaciones, ministerios e institutos autónomos tendrán plataformas de atención a los ciudadanos a través de medios electrónicos.

 

II -Las telecomunicaciones al servicio de un país en franco desarrollo de sus comunicaciones

 

Dentro del llamado proceso de convergencia tecnológica que vive el mundo y de la cada vez más creciente multimedialidad que genera nuevas formas de comunicación, las telecomunicaciones son claves para ese proceso de convergencia en su proceso de interrelación o hibridación con  los massmedia tradicionales-convencionales y el sector de la informática.

Teniendo como eje se planteamiento, el conjunto de políticas públicas, diseñadas en acciones programáticas serán:

1-Agilización de las pruebas de Televisión Digital Terrestre (TDT), de acuerdo con el estándar tecnológico adoptado previamente.

2-Iniciar el trabajo conjunto del gobierno y los medios públicos y privados para el tránsito a la TDT. Fijar el “apagón analógico” de la televisión a fines de 2016.

3-Estudiar los estándares de radio digital e iniciar conversaciones con los diversos sectores de la radiodifusión para abonar el camino a la digitalización.

4-Incorporación de las redes y medios de comunicación e información de las universidades a los sistemas nacionales de radiodifusión y telemática de servicio público.

5-Promover modelos de convergencia digital entre medios del sistema público nacional.

6-Garantizar el acceso de los medios privados comerciales a los mercados internacionales, con el fin de agilizar la digitalización y el consecuente aprovechamiento público y comunitario del dividendo de frecuencias analógicas.

7-Una vez iniciado el tránsito a la TDT, instrumentación de un programa de dividendo digital para distribuir las frecuencias liberadas en las bandas de uso analógico para fortalecimiento de la radiodifusión comunitaria y alternativa (privada institucional, universitaria, etc.).

8-Selección del estándar tecnológico de radio digital.

9-El Estado no debería ser dueño de empresas de telecomunicaciones, pues con ello limita la competencia y crea una ambiente contrario a las políticas de desarrollo que se pretenden impulsar.

10-Vender la mayoría accionaria de la CANTV y permanecer con un porcentaje menor al 30% en la nueva estructura.

11-Vender todos los activos que tenga en el sector de las TIC´S y entregar en concesión la explotación del restante espacio que tiene el satélite Simón Bolívar.

12-La regulación, supervisión y observación de los servicios debe incrementarse para el beneficio de los usuarios y el país. Esto implicaría la creación del Ministerio de Telecomunicaciones, asignándole las competencias endosadas a la Vicepresidencia Ejecutiva por decreto y encomendándole la supervisión de CONATEL. Cumplimiento de la disposición de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones(LOTEL) sobre la autonomía del órgano de regulación del sector (CONATEL). Establecimiento, vía decreto de reorganización del Poder Ejecutivo, de competencias bien diferenciadas y relaciones coherentes entre los ministerios dedicados al sector comunicaciones (Comunicación e Información y Telecomunicaciones).


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