Esta propuesta de lineamientos estratégicos para Políticas de  Tecnologías de Información y Comunicación se orienta por tres objetivos:

1 - La necesidad de que la política comunicacional del Estado y de un nuevo gobierno en funciones de Estado, tendría que orientarse a garantizar el más amplio y libre acceso a las posibilidades que hoy por hoy se abren en materia de comunicaciones digitales.

No nos referimos sólo a crear y fortalecer las políticas públicas en el uso de los medios y servicios digitales en manos del Estado y en los servicios de soporte para garantizar el acceso universal y a bajo costo de las comunicaciones digitales (teléfono, cable, etc.), sino también de promover dinámicas de gestión pública que le den un verdadero sentido público al llamado E-Gobierno.

2 - Fomentar un uso universal no-ideológico de las TIC tanto a nivel público como privado, principalmente en los sectores de Ciencia, Educación y Economía, para hacer de Venezuela una sociedad de la información, el conocimiento y la lectura.

 3 - El aseguramiento jurídico (como ya es el caso en Chile, Holanda y próximamente en Costa Rica) de la neutralidad de la red y de su libertad de contenidos sin censuras previas conforme lo establece la Constitución, a fin de acelerar la conversión del país en sociedad de la información y del conocimiento hoy detenida.

 4 - El desarrollo de políticas para potenciar el acceso internet en el país se ha estancado, a pesar de las cifras de crecimiento. Poca competencia, pocos proyectos de acercar a la ciudadanía en general al desarrollo y la burocracia, han frenado el impulso de una herramienta vital para el desarrollo del país y de sus habitantes. Las conexiones son lentas, por falta de inversión en los dos sectores, el privado por temor  y el público por desviación de fondos para otras “prioridades”.

Veamos entonces:

I -La comunicación como derecho: el acceso a internet

Como consecuencia de la preeminencia que han cobrado las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la sociedad globalizada, la progresiva ampliación del acceso a Internet es una tendencia observable a escala internacional. En términos absolutos,[1] durante la primera década del Siglo XXI  la población global con acceso a la red se ha multiplicado por un factor cercano a  6 y hoy cerca de la tercera parte de la humanidad tiene acceso a ella.

En Venezuela, durante ese mismo lapso, la penetración a Internet pasó de un 3,38  a un 36,57 por ciento. Las conexiones, sin embargo, si bien se han multiplicado, no se han cualificado ni democratizado. La velocidad promedio de conexión nacional (bajada) es menor a un megabit por segundo (1Mbps)[2] y los índices de penetración no están equitativamente distribuidos entre la población. Mientras que el estado Miranda ostenta un 79,10%, Apure apenas si sobrepasa el 13%  (Conatel, 2011). [3]

De acuerdo con el  índice TIC de desarrollo (ICT Development Index, IDI) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que mide el nivel de penetración y apropiación de las TIC, Venezuela perdió, entre 2008 y 2010, cinco puestos en el ranking mundial (entre 152 países, del lugar 61 pasó al 65).[4]

A pesar de que aproximadamente 25 empresas prestan el servicio de Internet, la empresa CANTV, nacionalizada en el año 2007, acapara más del 90 por ciento del mercado. En una situación anómala, el Estado es el prestador dominante del servicio y a la vez su regulador a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), un ente cuya tutela ha sido conferida discrecionalmente, mediante decretos presidenciales, a diversos  ministerios y finalmente a la Vicepresidencia de la República.

En mayo del año 2000, el Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  y considerando que “la red mundial denominada Internet, representa en la actualidad y en los años por venir, un medio para la interrelación con el resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas” y previendo “ el impacto positivo que tienen las tecnologías de información, incluyendo el uso de Internet, en el progreso social y económico del país, en la generación de conocimientos, en el incremento de la eficiencia empresarial, en la calidad de los servicios públicos y en la transparencia de los procesos” promulgó el Decreto 825 que declara “ el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela” (Artículo 1).[5]

En diciembre del año 2010 con la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Artículo 5) se modificaron los criterios establecidos en el año 2000 cuando ésta fue promulgada.  La explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones dejaron de ser de interés general y pasaron a ser considerados de interés público, vale decir, susceptibles de ser monopolizados por el Estado.

En junio de este año el Consejo de DDHH de la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Su uso, afirmó el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libre opinión y expresión Frank La Rue, debe ser una prioridad para los Estados, pues éste no sólo permite a los individuos ejercer su derecho a la libre opinión y expresión, sino también otros derechos humanos.

El carácter distribuido, de libre acceso a la información y de intercambio horizontal que configura Internet ha generado la posibilidad de crear medios que expresen voces alternativas a las impuestas por los medios de comunicación tradicionales, sometidas en muchas ocasiones a las agendas impuestas tanto por los gobiernos como por los grupos económicos predominantes. El acceso a Internet es un recurso estratégico para la organización y la participación ciudadana en las democracias contemporáneas. Una democratización genuina de las comunicaciones pasa por la democratización del acceso, uso y apropiación de Internet desde una perspectiva de desarrollo. A ese efecto, es necesario priorizar la formación de los usuarios para el ejercicio de la ciudadanía.

Avanzar en esa dirección, sin duda, supone varios desafíos. En una sociedad tecnológica la defensa del derecho a la comunicación y  la participación confronta nuevos retos. La expansión del entorno digital está generando nuevos problemas vinculados con la inequidad social. Entre ellos resaltan dos, por lo que implican en términos de acceso a los servicios, a los contenidos, aplicaciones, dispositivos y a las capacidades de uso y apropiación: la neutralidad de la red y el acceso universal a los servicios de banda ancha (fija y móvil).

En la Sociedad de la Información la desconexión ya no tiene solamente que ver con la presión del gobierno sobre los ciudadanos, como sucede en países como China, Irán o Cuba, sino también con nuevas formas de discriminación (no otra cosa es la brecha digital), que ahora son más dinámicas y complejas y están directamente relacionadas con la preservación de una red neutral, esto es: la garantía de igualdad en el acceso al contenido, sin importar su contenido, el servicio se use para gestionar los datos o el dispositivo que haga la petición, el acceso universal al servicio de banda ancha, y la formación de los usuarios.

Según el Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA)[6], en marzo de 2011 en América Latina el costo promedio del servicio de banda ancha fija fue de 72,8 US$ por Mbps, en contraposición a los 5,9 dólares de los países de la OCDE[7]. En Venezuela el costo promedio mensual de una conexión de banda ancha fija, de 1,024 Mbps de bajada y 512 Mbps de subida, es de aproximadamente 50 US$ mensuales, lo que representa casi el 14% del salario mínimo.

En Julio del año 2010 Chile se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar un proyecto de ley que garantiza la neutralidad de la red. En Perú se discute la necesidad de un decreto que declare de necesidad pública e interés nacional el servicio de banda ancha;  en junio de este año se introdujo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de reforma del artículo 29 de la constitución política para que se reconozca el derecho a la comunicación y el derecho de acceso en banda ancha garantizado por el Estado.

Aunque las propuestas de fondo sobre estos dos temas se relacionen más con la instancia legislativa que con la ejecutiva, con base en el rescate de la plena vigencia del Decreto 825 es posible hacer propuestas que atiendan los problemas señalados, fin de insertar ventajosamente  al país en la Sociedad de la Información en términos de la formación de sus ciudadanos.

Presentado este diagnóstico, se propone como conjunto de políticas:

1-Durante los primeros cien días se desarrollará un intenso proceso de EVALUACIÓN al final del cual se habrá:

-Reformado el Decreto 6.649 para excluir a Internet de la lista de gastos suntuarios o superfluos en el sector público nacional.

-Promovido la participación de profesionales de todos los sectores relacionados con las telecomunicaciones en todos los niveles de gobierno para la evaluación, diseño y desarrollo de estrategias que faciliten la ampliación del uso de las TIC.

-Nombrado un Consejo Directivo de CONATEL compuesto por un (1) representante del Ejecutivo, que lo presidirá, uno (1) del Legislativo, uno (1) del gremio empresarial de las telecomunicaciones, uno (1) de la academia y uno (1) de una ONG vinculada con el sector. Se procurará que el perfil personal y profesional de todos los miembros del Directorio asegure un amplio conocimiento de las materias competencia del órgano regulador, independencia de criterio, eficiencia, y equilibrio en la toma de decisiones.

-Hecho contraloría de los Fondos de Responsabilidad Social y de Servicio Universal administrados por CONATEL.

-Compilado y divulgado las estadísticas correspondientes al número de medios comunitarios habilitados y solicitudes de habilitación en estudio.

-Evaluado la situación del Satélite Simón Bolívar y divulgado ampliamente sus resultados.

-Evaluado exhaustivamente los programas dirigidos a la ampliación del acceso a Internet, especialmente el proyecto Infocentros, y divulgado ampliamente sus resultados.

-Evaluado los servicios que presta la Red Académica Nacional (Reacciun) y divulgado ampliamente sus resultados.

-Evaluado el Proyecto Canaima Educativo y divulgado ampliamente sus resultados

-Evaluado los contratos y convenios con los diferentes proveedores de tecnologías y divulgado ampliamente sus resultados.

2-Durante el primer año (ejecución) se habrá:

-Incrementado las posibilidades de competencia entre los prestadores de servicios.

-Diseñado un esquema diferenciado de tarifas, concertado con el sector privado, que se corresponda con las necesidades de los diferentes sectores de la población. En este sentido creemos que si se aplica el “impuesto cero” a la tecnología primaria hasta cierto monto, como lo está haciendo Colombia, eso impulsaría el uso de las computadoras en el hogar, pues una de las trabas es el costo del equipo.

-Declarado como prioritaria la incorporación de las TIC, basadas en software libre, en los programas de educación básica, diversificada y profesional, como un eje transversal.

-Mantenido operativas las conexiones y dotado de banda ancha a todas las instituciones educativas que hayan funcionado como centros electorales.

-Dotado de servicio de banda ancha a todas las sedes de la red de bibliotecas públicas.

-Elaborado un inventario de “experiencias” exitosas de promoción del uso estratégico de las TIC en las áreas de educación, salud, administración pública, ONG y PyMES, con posibilidades de ser replicadas con apoyo del Estado.

-Elaborado un plan especial dirigido a atender de manera diferenciada las necesidades de formación estratégica en el uso de las TIC, con énfasis en educación, salud, administración pública, ONG y PyMES.

-Formado a un grupo de maestro/as que fungirá como equipo multiplicador. A tal efecto, se seleccionarán, mediante concurso, cinco (5) maestro/as por cada estado para ser capacitados de acuerdo con los  estándares de competencias en TIC para docentes definidos por la UNESCO.

3-Los resultados generales que se deberán alcanzar al final del gobierno:

-Condiciones normativas que incentiven la inversión en el desarrollo de una infraestructura que garantice acceso, servicios de calidad y asequibilidad a la mayoría de la población.

-Esquemas de financiamiento y sostenibilidad que procuren el desarrollo de proyectos de desarrollo estratégico del sector, con énfasis en las áreas de educación, salud, gobierno electrónico, ONG y PyMES.

-Ampliación de la cobertura y de los servicios de telecomunicación para toda la población, sin exclusiones de edad, sexo, género, regiones o nivel socioeconómico.

-Penetración del 60 % con una velocidad mínima de 1Mbps. sin diferencias territoriales.

-Conectividad en 60% de las escuelas nacionales con una velocidad mínima de 1Mbps.

-60 % de los maestros alfabetizados en el uso de las TIC.

-60 % de las alcaldías, gobernaciones, ministerios e institutos autónomos tendrán plataformas de atención a los ciudadanos a través de medios electrónicos.

II -Las telecomunicaciones al servicio de un país en franco desarrollo de sus comunicaciones

Dentro del llamado proceso de convergencia tecnológica que vive el mundo y de la cada vez más creciente multimedialidad que genera nuevas formas de comunicación, las telecomunicaciones son claves para ese proceso de convergencia en su proceso de interrelación o hibridación con  los massmedia tradicionales-convencionales y el sector de la informática.

Teniendo como eje se planteamiento, el conjunto de políticas públicas, diseñadas en acciones programáticas serán:

1-Agilización de las pruebas de Televisión Digital Terrestre (TDT), de acuerdo con el estándar tecnológico adoptado previamente.

2-Iniciar el trabajo conjunto del gobierno y los medios públicos y privados para el tránsito a la TDT. Fijar el “apagón analógico” de la televisión a fines de 2016.

3-Estudiar los estándares de radio digital e iniciar conversaciones con los diversos sectores de la radiodifusión para abonar el camino a la digitalización.

4-Incorporación de las redes y medios de comunicación e información de las universidades a los sistemas nacionales de radiodifusión y telemática de servicio público.

5-Promover modelos de convergencia digital entre medios del sistema público nacional.

6-Garantizar el acceso de los medios privados comerciales a los mercados internacionales, con el fin de agilizar la digitalización y el consecuente aprovechamiento público y comunitario del dividendo de frecuencias analógicas.

7-Una vez iniciado el tránsito a la TDT, instrumentación de un programa de dividendo digital para distribuir las frecuencias liberadas en las bandas de uso analógico para fortalecimiento de la radiodifusión comunitaria y alternativa (privada institucional, universitaria, etc.).

8-Selección del estándar tecnológico de radio digital.

9-El Estado no debería ser dueño de empresas de telecomunicaciones, pues con ello limita la competencia y crea una ambiente contrario a las políticas de desarrollo que se pretenden impulsar.

10-Vender la mayoría accionaria de la CANTV y permanecer con un porcentaje menor al 30% en la nueva estructura.

11-Vender todos los activos que tenga en el sector de las TIC´S y entregar en concesión la explotación del restante espacio que tiene el satélite Simón Bolívar.

12-La regulación, supervisión y observación de los servicios debe incrementarse para el beneficio de los usuarios y el país. Esto implicaría la creación del Ministerio de Telecomunicaciones, asignándole las competencias endosadas a la Vicepresidencia Ejecutiva por decreto y encomendándole la supervisión de CONATEL. Cumplimiento de la disposición de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones(LOTEL) sobre la autonomía del órgano de regulación del sector (CONATEL). Establecimiento, vía decreto de reorganización del Poder Ejecutivo, de competencias bien diferenciadas y relaciones coherentes entre los ministerios dedicados al sector comunicaciones (Comunicación e Información y Telecomunicaciones).

Documento recibido por la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social

El pasado martes 14 de diciembre, antes de que se aprobara en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, una representación del movimiento Todos en Red y de la iniciativa Internet Prioritaria entregó ante la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional un documento en el cual solicitamos:

• Excluir Internet de políticas regulatorias que no han sido debatidas abiertamente entre los diferentes sectores de la sociedad, específicamente en el caso de una posible discusión de Reforma de la Ley Resorte.

Hoy, se espera que estos dos documentos sean aprobados en segunda discusión, sin que se haya realizado ninguna consulta pública con ciudadanos, expertos en el área, ni representantes de organizaciones vinculadas al sector.

Todos en Red reitera el llamado a los parlamentarios que deben representar los intereses de los ciudadanos venezolanos a:

• Establecer una comisión nacional de uso de Internet en la que participen diferentes sectores de la sociedad para evaluar impactos negativos o de excesos posibles, para discutir y acordar mecanismos de supervisión que no atenten contra su naturaleza libre y descentralizada, ni limiten la amplia posibilidad para la producción alternativa de contenidos por medio de Internet.

Aún la Asamblea Nacional está a tiempo de diferir la aprobación de estas leyes y proceder a la consulta ciudadana previa, así como a la consulta con los organismos nacionales e internacionales con conocimiento especializado en esta área, para que pueda desarrollarse un marco de políticas públicas favorable a los auténticos intereses nacionales de desarrollo económico y social.

Más de 2 mil firmas respaldan la solicitud del movimiento Todos en Red y de la Iniciativa Internet Prioritaria. Ciudadanos parlamentarios, estamos esperando que cumplan con su deber. Esperamos respuesta a los planteamientos consignados oportunamente en la  Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional. Esperamos participación democrática Por una internet de contenido libre.

Entendiendo que:

• Internet es un instrumento necesario para el desarrollo social y el libre acceso al conocimiento.
• Las características del espacio digital no son iguales a las del espectro radioeléctrico. Es inoperante, por ejemplo, regular aspectos como los bloques de horarios.
• Internet se aviene a una facultad inherente al espíritu de libertad de elección para producir y consumir contenidos.
• No existiendo capacidad técnica apropiada en Venezuela para las pretensiones de control de contenidos en Internet, se corre el riesgo de que autoridades públicas actúen de manera discrecional contra páginas e individuos que hacen su vida en la red, limitando la organización civil por esta vía para el ejercicio de la ciudadanía.
• Los códigos normativos, dispuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de las Naciones Unidas dedicada a la ordenación de las tecnologías de la información y la comunicación y de la cual Venezuela forma parte, no ha logrado acordar aspectos de regulación de contenidos en Internet. Por lo tanto, no existe referencia internacional para justificar en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos por esta vía. Hasta ahora, el acceso del usuario ha quedado totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado en las discusiones internacionales.
• En Venezuela, la Ley de Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Exhortamos a:

• Respetar los acuerdos internacionales y tendencias de regulación estandarizada de los que Venezuela es signataria.
• Excluir Internet de políticas regulatorias que no han sido debatidas abiertamente entre los diferentes sectores de la sociedad, específicamente en el caso de una posible discusión de Reforma de la Ley Resorte.
• Procurar políticas de buen uso de Internet, optimizando capacidades ciudadanas y educativas que promuevan usuarios críticos y capaces de autorregular decisiones en torno a la creación y recepción de contenidos.
• Establecer una comisión nacional de uso de Internet en la que participen diferentes sectores de la sociedad para evaluar impactos negativos o de excesos posibles, para discutir y acordar mecanismos de supervisión que no atenten contra su naturaleza libre y descentralizada, ni limiten la amplia posibilidad para la producción alternativa de contenidos.

Así lo suscribimos, a los trece días del mes de diciembre de 2010.
Si estás de acuerdo, firma la petición on line a la Asamblea Legislativa de Venezuela

¿Alguna relación con #internetlujo?

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Algunos indicadores clave para analizar:

1) Ocupamos el puesto 133 (último en el ranking) en peso de las regulaciones gubernamentales

2) Ocupamos el puesto 131 en intensidad de la competencia interna en el sector

3) Puesto 130 en libertad de prensa

4) Puesto 133 (último en el ranking) en efectividad del cuerpo legislativo nacional

5) Puesto 133 (último en el ranking) en independencia judicial

6) Puesto 133 en protección de la propiedad intelectual

7) Puesto 130 en procura gubernamental de productos de alta tecnología

8 ) Puesto 129 en tiempo requerido para iniciar una empresa

9) Puesto 123 en inversión de empresas en investigación y desarrollo

10) Puesto 126 en la importancia de TICs en la visión de futuro del gobierno

11) Puesto 122 en prioridad gubernamental en TICs (Por esto reclamamos relanzamiento efectivo de Decreto 825)

12) Puesto 125 en capacidad de innovación de las empresas

13) Puesto 129 en promoción gubernamental del uso de TICs

14) Puesto 122 en eficiencia del gobierno en uso de TICs

15) Puesto 126 en número de procedimientos requeridos para comenzar un proyecto de negocios

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#todosenred seguimos ofreciendo nuestro trabajo para un plan de desarrollo TICs en Venezuela.

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Click  para leer  completo InformeTICs2010WEF

Esta decisión presidencial apunta hacia la normalización de las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil en esta materia de interés común. Sin embargo, representantes de Internet Prioritaria y Todos en Red estiman que es indispensable por parte de las instancias del Estado, la realización de un conjunto de acciones que garanticen que este será el curso a seguir en lo sucesivo. En tal sentido, estos movimientos aprovechan la oportunidad para retomar lo que hasta ahora han venido discutiendo y solicitando al Ejecutivo Nacional desde diversos pronunciamientos: 1.- La reforma parcial del decreto 6649 (Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional), excluyendo a Internet; 2.- Respaldar la experiencia del Estado en cualesquiera de sus niveles y organizaciones, que promueva el acceso a Internet por parte de los ciudadanos, tales como las redes locales de banda ancha inalámbrica, iniciativas de alfabetización digital o de gobierno electrónico; 3.- Iniciar el procedimiento de consulta entre los sectores nacionales para legislar con base en el decreto 825, promoviendo Internet como instrumento para el Desarrollo Social.

Tanto Internet Prioritaria, como Todos en Red, han estimulado el debate nacional sobre el tema de Internet en Venezuela, proponiendo documentos de discusión alrededor de los cuales se plantean interrogantes y aportes importantes para generar acuerdos o referencias en las decisiones públicas. “Se trata de un aprendizaje en el que todos debemos participar, tal como está sucediendo en otros países. Internet es un mecanismo que puede estimular iniciativas exitosas en distintos ámbitos que inciden en la sociedad, principalmente en salud, educación y ciudadanía, pero para ello debemos estar dispuestos a comprender los nuevos escenarios de comunicación y sentarnos a discutir cuál es el mejor camino para que su uso promueva este tipo de experiencias”, destacó Iria Puyosa, representante de la iniciativa Todos en Red, quien explicó que está prevista la entrega a la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, de un documento elaborado con el aporte de un amplio grupo de académicos y activistas sociales, como referencia mínima de principios en el manejo nacional del uso de Internet.

- ¿La mejora en rendimiento en la velocidad y capacidad de transferencia es suficientemente significativa como para constituir una mejora sustancial para los usuarios?

- ¿El ahorro para las operadoras de acceso a la red (proveedores de internet) puede significar aumento de rentabilidad y baja de las tarifas? ¿Se justifica que las operadoras hagan la inversión requerida?

- ¿Cómo se estructuraría el organismo que controlaría el NAP? ¿Sería CONATEL o CANTV? ¿Un organismo gubernamental ad hoc?

- ¿En ese caso quien contraloría al gobierno para garantizar el respeto a los derechos comunicacionales de los usuarios? (libertad de acceso y circulación a la informacción, acceso a repositorios de investigación, privacidad de las comunicaciones, participación en redes de conocimiento)

- ¿Qué mecanismos pueden utilizarse para garantizar que el PUAR (punto único de acceso a la red) no facilite el establecimiento de filtros de contenidos (por palabras clave) o dominios?

- ¿Qué características debería tener el plan de contingencia que se diseñaría para evitar que una falla en el PUAR dejara al país o algun sector incomunicado con el exterior vía internet?

- ¿Podría estar el PUAR bajo control de un organismo independiente del gobierno y de las operadoras que garantizara los derechos de los usuarios? Por ejemplo, una comisión conformada por especialistas de las universidades nacionales autónomas.

- ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas involucradas en el diseño y operación del PUAR para que los ciudadanos tengan garantías de su capacidad técnica, su independencia política y su ética de negocios?

- ¿Podrían mantenerse 3 nodos diferenciados para comunicaciones vía internet de 1) Gobierno 2) Universidades y centros de investigacion 3) empresas privadas y usuarios particulares?

Abrimos el debate #todosenred

En ese sentido, Tod@s en Red, ha reproducido en un documento pdf la primera entrada de este blog, En internet cabemos tod@s, en donde se proponen puntos a discutir para convertir internet en un área prioritaria del desarrollo del país en concordancia con lo establecido en el Decreto 825. Este todosenredcuenta con las firmas de quienes suscriben dicha propuesta.

La idea es que este documento circule por la red, que lo leamos y lo discutamos.
A través de los comentarios de este blog en la página Todos Adentro, puedes apoyar el contenido del documento con tu nombre y señalando a qué te dedicas. Si deseas colaborar difunde  el enlace de esta entrada por twitter u otros medios.

El documento se irá actualizando en la medida que lleguen más firmas.
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Enlaces relacionados:

Chávez exige regulación para Internet y TV por suscripción. Diario El Universal, 14/03/2010.
En internet cabemos todos. Diario Los Andes, 16/03/2010.
Gobierno pasó de promover Internet a intentar su control. Diario El Universal, 16/03/2010.

En el IV trimestre del año 2009, los usuarios de Internet se incrementaron 22,5% en relación al mismo período del año 2008, influenciado por la incorporación de las cifras de suscriptores del servicio de Internet sobre la plataforma móvil.

Esta idea es coherente con lo que se lee en un borrador que no quiso ser reconocido por el sector oficial, pero que circuló hace más de un año como un nuevo proyecto de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, y en el que se anuncia en la disposición 18 de las disposiciones finales la creación de un Punto de Acceso Nacional promovido por el Estado:

“El Ejecutivo Nacional creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de internet, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico de la República, al objeto de utilizar de manera más eficiente las redes del país dado el carácter estratégico del sector”.

Ahora bien, si todos los demás países lo han hecho y ahora el Estado venezolano lo asoma, ¿por qué tanta alharaca? Algunas razones para discutir:

• - El NAP fue un proceso de acuerdo entre los actores del mercado de diversos países, en los que en algunos casos el Estado participó como mediador entre las posibles diferencias, con la idea de garantizar solvencia en la negociación en beneficio de la sociedad.
• - El NAP constituyó un proceso de madurez para regular las dificultades, más económicas que políticas, del uso de Internet.
• - Los procesos de negociación de un NAP se realizaron en contextos en los que, pese a todos los problemas de América Latina encima, existía confianza en las relaciones y en donde no latía la amenaza de control de la información por parte del Estado (sólo tenía que lidiarse con la amenaza de control de los medios privados, que ya era bastante).
• - En varios artículos del borrador de Proyecto de Ley, discutido hace poco más de un año, se le da potestad al Estado para dictar políticas o regulaciones según consideraciones del ente rector (Ministerio) y exigir a los Proveedores del Servicio de Internet (ISP) modificaciones propias de administración de tráfico, en función de cualquier beneficio social. De ser así, ese beneficio social, con el que en teoría la mayoría de los venezolanos podría inclinarse, se diluye en una ambigüedad teñida por posibles intereses del proyecto político oficial, con el cual la mitad de la población de participantes en los últimos procesos electorales, ha manifestado estar en desacuerdo.
• - La emergencia de nuevas tecnologías, combinación de servicios y baja en los precios internacionales de conexión dejan atrás las preocupaciones económicas que movilizaron inicialmente el NAP, lo que hace que a estas alturas pierdan vigencia los primeros términos económicos. Y ahora podrían surgir otros que, en nombre de la soberanía, ahoguen nuevas opciones para hacer verdaderamente plural la agenda temática del país, frente al riesgo hegemónico de medios privados, ahora añadiéndole el del Estado.

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(Leer más en Ciber Güenza)

* Impulsar políticas públicas para promover el acceso universal, no discriminatorio y abierto a las tecnologías de información y comunicación en Venezuela.

* Promover programas para que tod@s l@s venezolan@s cuenten con las habilidades necesarias para usar Internet para el desarrollo social, económico, propio y de sus comunidades

* Ampliar las garantías al libre acceso a la información a través de internet.

* Fomentar condiciones que promuevan el ejercicio de la libertad de expresión en internet, en un marco de autoregulación basado en la diversidad de opiniones y de múltiples visiones de los hechos, que puedan ser evaluados libremente por los usuarios de estos medios, y por las comunidades que generan y difunden información.

* Reconocer que Internet permite al usuario generar visiones alternativas más allá de las impuestas por los grandes medios de comunicación (privados y gubernamentales) permitiéndole interactuar con diversas fuentes informativas, incluyendo relatos no mediatizados de testigos y protagonistas de los hechos.

* Abrir oportunidades para que todos l@s ciudanan@s puedan usar la web social como espacio para el diálogo plural y democrático, sin exclusiones partidistas y orientado al consenso sobre el bienestar público.

* Reivindicar la info-alfabetización como un derecho social, dado que el desarrollo de destrezas informáticas que le dan al ciudadano mayores posibilidades tanto para aprender autónomamente, como para colaborar en proyectos colaborativos o colectivos.

* Demandar los aportes del Estado y la contribución del sector privado para el desarrollo de infraestructura de red y ampliación del acceso a la conectividad para superar la brecha digital que aún persiste en Venezuela.

* Reconocer que Internet no es un lujo sino un recurso clave para el combate de la pobreza y el logro de los objetivos nacionales de desarrollo.

* Rescatar la plena vigencia del Decreto 825 y que su espíritu democratizador guíe la legislación futura sobre acceso y uso de internet en Venezuela.

Hoy, cifras oficiales indican que 8,8 millones de personas -31% de la población total del país- son usuarios de internet en Venezuela (CONATEL, Sept. 2009). Queremos un plan nacional concertado que conecte a los desconectados para eliminar la brecha digital por edades, por regiones y por niveles socio-económicos en esta década.

Todos Adentro

#todosenred